La Cadena SER, perteneciente al influyente Grupo PRISA, desvelaba a finales de septiembre que habló con mujeres “a las que han tardado meses en hacerles una mamografía complementaria que ha confirmado el tumor”. A raíz de esa noticia, numerosos medios de prensa han ido dando más detalles de la llamada “Crisis del cribado de cáncer de mama en Andalucía” que ha afectado a más de 2.000 mujeres en esta comunidad autónoma, que ha sido silenciada durante más de un año y que, junto con otros problemas detectados en el Sistema Andaluz de Salud, han provocado las habituales puyas entre los distintos partidos políticos que componen el teatrillo parlamentario y la dimisión de dos consejeras del ramo en esta legislatura.
Con el escándalo de las mamografías, es comprensible que todas las miradas y críticas estén ahora mismo centradas en el gobierno andaluz del PP. Pero para comprender la dimensión completa del problema, quiénes lo originaron, con qué objetivos y poder vislumbrar una solución es necesario remontarse todavía más atrás en el tiempo.
Ya en este comunicado del pasado 8 de octubre, nuestro sindicato daba cuenta de que el escándalo del cribado de cáncer de mamá era, en definitiva, el efecto natural de la demolición controlada del Estado mediante la fórmula de la externalización de servicios. Pero todavía faltaba por conocer lo que publicaba el 25 de octubre el periódico EL PAÍS, también propiedad del Grupo PRISA como la Cadena SER: que la gestión de DIRAYA, el sistema que centraliza las historias clínicas y origen del escándalo sanitario, fue adjudicada por la Junta de Andalucía en exclusividad a NTT DATA en 2022 aunque el desarrollo de la aplicación del cribado del cáncer de mama lo tiene subcontratado con una empresa sevillana que ya se encargaba de este mismo cribado antes de que NTT DATA empezara a trabajar con el SAS.
EL PAÍS también explicaba cómo se fraguó la crisis de las mamografías: los técnicos, que hasta abril de 2021 llamaban o enviaban cartas a las mujeres pendientes de diagnóstico, recibieron la orden de dejar de informar del resultado de las mamografías porque a partir de ese momento todo el recorrido de las pacientes pasaría a estar informatizado y ya no habría que usar ni las llamadas telefónicas ni el correo postal... Pero la automatización nunca llegó.
Desde la sección sindical de ASC en NTT DATA Spain Centers hemos averiguado que, en realidad, NTT DATA ya venía consiguiendo suculentos contratos con la Junta de Andalucía desde el año 2011 en los tiempos en los que aún no había sido engullida por el gigante japonés y todavía operaba con la marca everis. Las adjudicaciones más importantes conseguidas por esta consultora teniendo como cliente a la Junta de Andalucía suman varios millones de euros en estos últimos 14 años:
everis — servicios de gestión de sistemas de información para hospitales del SAS. Formalizado 28/09/2011. Importe: 925.000 € (presupuesto base/BOE). BOE
everis — varios contratos menores (por ejemplo expediente 0000713/2013: explotación de información; importe 24.994,70 €, inicio 01/01/2016). SSPA Andalucía
UTE MINSAIT - everis — Implantación DIRAYA Atención Hospitalaria (DAH). Contrato firmado 12/02/2019. Importe: 2.767.117,20 €. Gobierno Contratación
everis — contrato formalizado con el SAS el 01/11/2020 (resoluciones y modificaciones posteriores publicadas en 2023). Importe no detallado en la resolución. Junta de Andalucía
NTT DATA — contrato formalizado 13/12/2021 (formalización registrada en 2022). Importe neto adjudicado: 7.080.000,00 € (importe total con IVA: 8.566.800,00 €). Junta de Andalucía
NTT DATA — contrato (expediente 2109/2023) para mantenimiento de sistemas asistenciales de prescripción y dispensación; adjudicación publicada 16/10/2024; precio unitario: 22,99 €/hora. Junta de Andalucía
UTE NTT DATA – SOLUTIA DIGITAL HEALTH — actas de adjudicación y lotes con tarifas horarias (acta 07/06/2024). Junta de Andalucía+1
La lista es mucho mayor según el portal adjudicacionestic.com, que hasta el momento registra un total de 111 adjudicaciones para everis en Andalucía por un valor de 106.815.332,17€:
y de otras 80 adjudicaciones ya como NTT DATA, por un valor de 80.758.193,05€.
Los datos anteriores demuestran el enorme trasvase de recursos públicos al sector privado como, por ejemplo, a NTT DATA que cuando se supo que llevaba el mantenimiento y la evolución de los sistemas informáticos del Servicio Andaluz de Salud y en concreto el programa de cribados, salía al paso afirmando que “nunca ha sido responsable de avisar a los pacientes de las pruebas y que no tiene contacto directo con ellos”, pero no respondió sobre los fallos de gestión del software. Estas declaraciones entran en total contradicción con las pronunciadas por el Consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía durante la visita de la delegación andaluza a las instalaciones de NTT DATA en Tokio: “Esta empresa está detrás de aplicaciones ya muy conocidas como puede ser el nuevo portal de la Junta de Andalucía, pero también la Carpeta Ciudadana, Click Salud o el mantenimiento de los historiales clínicos”. ¿A quién pretende engañar el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla?
Pero la externalización de servicios públicos en Andalucía no comenzó en 2011 con everis. Por ejemplo, Indra mantenía la concesión desde el año 2005 hasta que la perdió frente a everis. Por no hablar de la antigua Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Informática y la Electrónica (SADIEL) que nació en 1984 como sociedad instrumental de la Junta de Andalucía “para promover el desarrollo del sector TIC en la comunidad autónoma” y que terminó siendo vendida a la Ayesa de la familia Manzanares justo también en 2011 cuando el Gobierno andaluz del PSOE disminuye la participación de acuerdo con su “política de apoyar a empresas de sectores estratégicos hasta que alcanzan un nivel que permite dar el relevo al sector privado” según recogía el portal cibersur.com.
Según eldiario.es, también hemos sabido que “uno de los factores clave del colapso ha sido la decisión del Gobierno de quitar la gestión del software del programa a la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). Este cambio supuso perder el control centralizado y experto del sistema, lo que ha provocado fallos en la trazabilidad de las citaciones, en el seguimiento de pacientes y en la notificación de resultados. No reconocer este error ni dar explicaciones públicas es una omisión deliberada de una de las causas estructurales del desastre”.
Pero para saber dónde empieza todo debemos irnos a la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud firmada por el Jefe de Estado Juan Carlos I el 25 de abril de 1997 y aprobada en el Congreso con el apoyo de partidos como el PSOE, PP, PNV, CC y CiU y de CCOO. En el redactado de dicha Ley se recogía lo siguiente:
“La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”
Es decir, PSOE, PP, PNV, CC y CiU abrieron el camino a la transformación del sector sanitario estatal en un mercado y, en consecuencia, en una oportunidad de negocio más para el capital del que comenzaron a lucrarse multinacionales como Apax Partners; empresas constructoras como Dragados, Sacyr, Acciona, Begar, FCC, Hispánica; financieras como Bancaja, Caja Ahorros del Mediterráneo, Caja Madrid; así como otras del sector sanitario privado: Adeslas, Asisa, DKV Seguros.
Y al fin llegamos a la Constitución de 1978, parida por UCD, PSOE, AP, PDPC, UDC y apoyada en el referéndum de ratificación por el PCE, el ORT y el PTE tras la mal llamada “transición española” para comprenderlo todo. Leyendo simplemente su Artículo 38:
“Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”
no hay duda de que aquella constitución en realidad fue una estafa absoluta a la clase obrera para que la oligarquía financiera mantuviera intactos sus privilegios explotando a placer a los trabajadores, aprobando leyes como la 15/97 y cuyas consecuencias hoy se manifiestan una y otra vez como el caso que lamentablemente nos ocupa del cribado del cáncer de mama en Andalucía, la gestión de la DANA en Valencia, o de los miles de muertos en la pandemia de la COVID-19.
Por tanto, no es de extrañar que la actual ministra de sanidad, Mónica García, se presentara en los medios en 2023 como amiga del lobby sanitario: “yo siempre he tenido mucho respeto a la sanidad privada”. Ni tampoco es novedoso que cuando la Cadena SER destapó este escándalo de los retrasos en las mamografías el 29 de septiembre, la Consejería de Sanidad de Andalucía descargara de toda responsabilidad a la empresa nipona afirmando que "NTT Data no hace seguimiento de los casos de cáncer de mama y que se limita a mantener esta plataforma operativa para que la usen los responsables de los diferentes centros", unas declaraciones completamente alineadas con las que respondían fuentes de la propia empresa al ser preguntada por EL PAÍS: “NTT Data nunca ha sido responsable de avisar a los pacientes de las pruebas y no tiene contacto directo con ellos” pero que chocan cínicamente con la propaganda con la que inunda los buzones de correo electrónico de los trabajadores de NTT DATA en la que, por ejemplo, se muestra enormemente sensible ante el cáncer de mama y afirma sumarse “a esta lucha para ayudar a concienciar a la sociedad de la importancia de la investigación y el diagnóstico precoz de esta enfermedad”:
¿A quién pretende engañar NTT DATA?
Volviendo a Andalucía, hemos elaborado el siguiente gráfico en el que se recogen los distintos gobiernos que han “gestionado” los recursos públicos en Andalucía y algunos hitos relevantes en el sector sanitario de la región:
Conviene recordar en este momento de tanta incertidumbre e indefensión de 2.317 mujeres abandonadas a su suerte por la Junta de Andalucía lo que este “hombre de estado” declaró en una entrevista en LA SEXTA TV: “la prioridad de un Estado es la Defensa, por encima de Educación y Sanidad”.
¿Por qué mencionamos a este siniestro personaje? Eduardo Serra fue presidente de NTT DATA desde el año 2005 (todavía como everis) hasta 2024, año en el pasa a ser “asesor externo” además de continuar como presidente de la Fundación Transforma España, la Fundación España Constitucional y DigitalES, y como miembro de los consejos de otras entidades. Por tanto, no es casualidad que toda la plana mayor de la Junta de Andalucía viajara a Tokio a rendir pleitesía al señor Yutaka Sasaki en el verano de 2025. Los socios capitalistas de NTT DATA le deben mucho a Eduardo Serra y pareciera que los trabajadores también deberíamos alabar a alguien que afirmaba durante su presidencia en NTT DATA EMEAL que “había que tratar al trabajo, en relación con el capital, de manera diferente a como se había venido haciendo. Y tratarlo mejor. Desde los inicios del capitalismo, toda la ventaja había estado del lado del capital, al trabajo suficientemente se hacía con pagarle un sueldo”, añadiendo que “Los trabajadores ya no sólo quieren un sueldo, también quieren unas buenas condiciones de trabajo”. La realidad es que NTT DATA ha sido condenada por el Tribunal Supremo por vulnerar los derechos de los trabajadores, se niega a negociar un convenio de empresa con la RLT, aplica el despido disciplinario como una forma de ERE encubierto, presiona a los trabajadores para que fijen sus vacaciones cuando le interesa a la empresa o comete innumerables infracciones laborales para las que Inspección de Trabajo ha requerido su resolución.
Por último, tampoco podemos dejar de recordar que están convocadas elecciones en Extremadura en diciembre, que en 2026 serán las elecciones andaluzas y en 2027 las generales. Por eso advertimos al principio de este comunicado que fueron dos medios de prensa pertenecientes al Grupo PRISA -Cadena SER y EL PAÍS- los que sacaron a la luz el escándalo de los cribados en Andalucía, igual que en ocasiones anteriores hizo la facción del capital que maneja al PP para decantar el resultado electoral a sus intereses como ocurrió tras los atentados de Atocha del 11M. Como bien es sabido, PRISA mantiene estrechos vínculos con el PSOE y, a las puertas de unos triples comicios, toca abonar el terreno para ir subiendo el ambiente mediático en intención de voto. Así se engrasa la maquinaria electoral que sustenta el régimen posfranquista.
Como se ve, unos y otros forman parte del mismo entramado y sirven los mismos intereses. En definitiva, el estado capitalista español está concebido para satisfacer las necesidades de las grandes corporaciones privadas como NTT DATA. El Capitalismo, en cualquiera de sus formas, utiliza al gobierno de turno, sea cual sea su color político, para privatizar, externalizar y subcontratar los servicios públicos porque son medidas enormemente lucrativas para la clase empresarial. Pero dichas medidas no solo afectan a los trabajadores en tanto que desmantelan los servicios públicos causando situaciones como la de las 2.317 mujeres que no fueron informadas del resultado de sus mamografías sino que generan un empeoramiento de las condiciones laborales al destruir puestos de trabajo en el sector público para luego crearlos en el sector privado con derechos claramente a la baja tras las sucesivas reformas laborales que el tándem político del capital español PSOE-PP, la última con la colaboración del PCE/Sumar, ha ido implementando según los dictados del capital y a cual más lesiva para la clase obrera.
Así las cosas, los trabajadores solo nos tenemos a nosotros mismos y, por tanto, solo nos queda unirnos y organizarnos tanto en el sector público como en el privado para defender nuestros derechos sociales y laborales. Los hospitales no funcionan sin médicos, enfermeras, limpiadoras... Nuestros hijos no aprenderían en una escuela sin profesores. Las fábricas no existirían sin ingenieros… Somos imprescindibles. Pero debemos ser conscientes de que en el capitalismo no tendremos garantizados esos derechos porque la esencia de este sistema es el robo, la corrupción y el beneficio privado, lo cual atenta directamente contra la clase trabajadora. Para que esa lucha sea efectiva en los centros de trabajo, que es donde se desenvuelve esa lucha de forma más evidente, es necesario desarrollar y fortalecer el sindicalismo de clase, es necesario desarrollar y fortalecer ASC. Los trabajadores generamos toda la riqueza de la sociedad. Los servicios públicos se sostienen gracias a nuestro esfuerzo. De nosotros depende que el capital siga arremetiendo contra ellos y terminen por dilapidarlos.
¡ No a la privatización de los servicios públicos !
¡ Organízate en el sindicalismo de clase !
¡ Afíliate a ASC !
0 comentarios:
Publicar un comentario